Esto no tiene nada que ver con tomas de tribuna, ni adelitas, ni petróleo. Anoche, después de un viernes intenso con el cerebro frito de revisar mil veces cualquier cantidad de documentos... y después de atravesar el tráfico de Paseo de la Reforma en viernes para llegar a un evento de uno de los miles de festivales que tiene esta Ciudad (pero como dice la banda de RadioIbero, el único que SI es festival) en el Teatro de la Ciudad, vimos a Goran Bregovic hacer una verdadera revolución en Donceles con su orquesta de bodas y funerales... al grito de "Al Ataque!!!" hizo a la banda brincar y cantar en un idioma incomprensible para los aztecas... pero no me voy a molestar en seguir describiéndolo porque estará el próximo 27 de abril en el Zócalo de la gran Tenochtitlán... Nos vemos en el Zócalo... Kalashnikov!
sábado, 19 de abril de 2008
martes, 15 de abril de 2008
¿Dónde está el Congreso?
Ante la toma de tribuna en las Cámaras de Diputados y de Senadores por parte de los partidos opositores a la iniciativa de reforma energética presentada por Felipe Calderón, surgen ciertas interrogantes acerca de las alternativas que tiene el partido en el poder para aprobar la reforma. La primera es determinar si las Cámaras pueden sesionar válidamente fuera de los recintos habituales de San Lázaro y Donceles.
Nuestra Constitución deposita el poder legislativo en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y establece, en su artículo 63, las condiciones para que las Cámaras puedan cumplir su función de legislar. Dichas condiciones se refieren al mínimo de legisladores (quórum), que deben concurrir para que las Cámaras sesionen. Las leyes y reglamentos del Congreso agregan ciertas condiciones para la validez de las sesiones. Estas condiciones se refieren a los períodos en que deben sesionar las Cámaras y a ciertos requisitos de convocatoria en el caso de períodos extraordinarios, pero no imponen restricción alguna respecto al lugar en donde la sesión se debe llevar a cabo.
Si bien el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso establece en su artículo 194 que “las Cámaras jamás asistirán ni juntas ni separadas, a función alguna pública fuera de su palacio”, este artículo no impide que las sesiones de las Cámaras se realicen fuera de los lugares habituales. Lo anterior porque dicho artículo debe ser interpretado conjunta y sistemáticamente con el resto de los artículos de dicho Reglamento, la Ley Orgánica del Congreso y, sobre todo, la Constitución. En primer lugar, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso, que tienen una mayor jerarquía que el Reglamento, establecen el requisito de que las sesiones deban ser en el Palacio Legislativo. Adicionalmente, el artículo citado del Reglamento se encuentra bajo el apartado “Ceremonial”, que regula ciertos formalismos y actos de protocolo de las Cámaras. Por lo anterior se debe entender que la “función pública” a la que se refiere el artículo son dichos actos de protocolo y no la función primordial de legislar.
En apoyo a la anterior interpretación están los antecedentes históricos de sesiones del Congreso fuera de los recintos habituales. Si se cuenta sólo desde que entró en vigor la Constitución vigente de 1917 (hecha por un Constituyente instalado en un teatro en Querétaro, fuera de la entidad sede de los poderes de la Unión), tres lugares han sido declarados recintos oficiales sólo por un día y para un solo acto: El Estadio Nacional, para la toma de posesión de Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas; en Bellas Artes, protestaron su cargo Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, y en ese mismo Palacio López Portillo rindió su informe de gobierno en 1979 y 1980; y el Auditorio Nacional, que fue declarado recinto oficial por los legisladores para las tomas de posesión de 1970 y 1976.
En conclusión, la interpretación sistemática de nuestra legislación nos indica que el Congreso está hecho por el conjunto de legisladores siempre que se reúna el quórum necesario. En otras palabras, las Cámaras son los legisladores no los edificios.
Independientemente de lo anterior, aprobar la reforma energética fuera del recinto habitual de las Cámaras, tendría varias consecuencias. En el plano legal complicaría el cumplimiento de ciertas formalidades para la validez de la sesión, lo que aumentaría el riesgo de que prospere una eventual acción judicial que argumente que la reforma viola la Constitución, ya no sólo por su contenido sino por su procedimiento de aprobación. Este camino puede parecer poco probable porque los legisladores del FAP no son suficientes para interponer una acción de inconstitucionalidad que requiere el 33% de alguna de las Cámaras, y porque se requiere el voto de 8 ministros de la Corte que determinen la inconstitucionalidad de la reforma. Sin embargo, no se deben descartar las fracturas de legisladores del PRI que aprovechen la impopularidad de la reforma para atraer los reflectores con miras a las elecciones de 2009 y que apoyen este recurso judicial. En este escenario, la decisión de la Corte sería difícil de anticipar y depende principalmente del contenido de la reforma y la forma en que se apruebe.
Por otro lado, la aprobación de la reforma por un Congreso atrincherado fuera de su sede habitual enviaría un mensaje de debilidad institucional e ilegitimidad. Independientemente de los riesgos en la percepción de estas señales por parte de agentes económicos, una aprobación de la reforma en estas circunstancias incrementaría el costo político de la reforma.
Sumemos los factores. En primer lugar, la relevancia en la opinión pública del petróleo y su posible privatización. Agreguemos que la iniciativa se basa en un diagnóstico poco convincente, y fue negociada entre PRI y PAN a la sombra del escrutinio público. Por si esto fuera poco, el Secretario de Gobernación que tiene negocios en la industria de hidrocarburos operó la iniciativa, lo que siembra la duda de si está usando su posición de servidor público para beneficiar sus intereses particulares. Por último, la administración de Calderón ha presentado la reforma como la única solución a todos los problemas de PEMEX y buena parte de los del país, sin explicar cómo fue que llegó PEMEX a esa situación financiera y a esa ausencia de infraestructura.
Desgraciadamente, son los cálculos de estos costos políticos, mayorías parlamentarias y futuras elecciones los que decidirán el avance o replanteamiento de la reforma por parte del gobierno, porque al parecer esos conceptos abstractos del “interés general” y el “bien común” se tornan demasiado confusos y poco prácticos como para guiar en estas situaciones a la actual administración.
Nuestra Constitución deposita el poder legislativo en el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la de Senadores, y establece, en su artículo 63, las condiciones para que las Cámaras puedan cumplir su función de legislar. Dichas condiciones se refieren al mínimo de legisladores (quórum), que deben concurrir para que las Cámaras sesionen. Las leyes y reglamentos del Congreso agregan ciertas condiciones para la validez de las sesiones. Estas condiciones se refieren a los períodos en que deben sesionar las Cámaras y a ciertos requisitos de convocatoria en el caso de períodos extraordinarios, pero no imponen restricción alguna respecto al lugar en donde la sesión se debe llevar a cabo.
Si bien el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso establece en su artículo 194 que “las Cámaras jamás asistirán ni juntas ni separadas, a función alguna pública fuera de su palacio”, este artículo no impide que las sesiones de las Cámaras se realicen fuera de los lugares habituales. Lo anterior porque dicho artículo debe ser interpretado conjunta y sistemáticamente con el resto de los artículos de dicho Reglamento, la Ley Orgánica del Congreso y, sobre todo, la Constitución. En primer lugar, ni la Constitución ni la Ley Orgánica del Congreso, que tienen una mayor jerarquía que el Reglamento, establecen el requisito de que las sesiones deban ser en el Palacio Legislativo. Adicionalmente, el artículo citado del Reglamento se encuentra bajo el apartado “Ceremonial”, que regula ciertos formalismos y actos de protocolo de las Cámaras. Por lo anterior se debe entender que la “función pública” a la que se refiere el artículo son dichos actos de protocolo y no la función primordial de legislar.
En apoyo a la anterior interpretación están los antecedentes históricos de sesiones del Congreso fuera de los recintos habituales. Si se cuenta sólo desde que entró en vigor la Constitución vigente de 1917 (hecha por un Constituyente instalado en un teatro en Querétaro, fuera de la entidad sede de los poderes de la Unión), tres lugares han sido declarados recintos oficiales sólo por un día y para un solo acto: El Estadio Nacional, para la toma de posesión de Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas; en Bellas Artes, protestaron su cargo Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz, y en ese mismo Palacio López Portillo rindió su informe de gobierno en 1979 y 1980; y el Auditorio Nacional, que fue declarado recinto oficial por los legisladores para las tomas de posesión de 1970 y 1976.
En conclusión, la interpretación sistemática de nuestra legislación nos indica que el Congreso está hecho por el conjunto de legisladores siempre que se reúna el quórum necesario. En otras palabras, las Cámaras son los legisladores no los edificios.
Independientemente de lo anterior, aprobar la reforma energética fuera del recinto habitual de las Cámaras, tendría varias consecuencias. En el plano legal complicaría el cumplimiento de ciertas formalidades para la validez de la sesión, lo que aumentaría el riesgo de que prospere una eventual acción judicial que argumente que la reforma viola la Constitución, ya no sólo por su contenido sino por su procedimiento de aprobación. Este camino puede parecer poco probable porque los legisladores del FAP no son suficientes para interponer una acción de inconstitucionalidad que requiere el 33% de alguna de las Cámaras, y porque se requiere el voto de 8 ministros de la Corte que determinen la inconstitucionalidad de la reforma. Sin embargo, no se deben descartar las fracturas de legisladores del PRI que aprovechen la impopularidad de la reforma para atraer los reflectores con miras a las elecciones de 2009 y que apoyen este recurso judicial. En este escenario, la decisión de la Corte sería difícil de anticipar y depende principalmente del contenido de la reforma y la forma en que se apruebe.
Por otro lado, la aprobación de la reforma por un Congreso atrincherado fuera de su sede habitual enviaría un mensaje de debilidad institucional e ilegitimidad. Independientemente de los riesgos en la percepción de estas señales por parte de agentes económicos, una aprobación de la reforma en estas circunstancias incrementaría el costo político de la reforma.
Sumemos los factores. En primer lugar, la relevancia en la opinión pública del petróleo y su posible privatización. Agreguemos que la iniciativa se basa en un diagnóstico poco convincente, y fue negociada entre PRI y PAN a la sombra del escrutinio público. Por si esto fuera poco, el Secretario de Gobernación que tiene negocios en la industria de hidrocarburos operó la iniciativa, lo que siembra la duda de si está usando su posición de servidor público para beneficiar sus intereses particulares. Por último, la administración de Calderón ha presentado la reforma como la única solución a todos los problemas de PEMEX y buena parte de los del país, sin explicar cómo fue que llegó PEMEX a esa situación financiera y a esa ausencia de infraestructura.
Desgraciadamente, son los cálculos de estos costos políticos, mayorías parlamentarias y futuras elecciones los que decidirán el avance o replanteamiento de la reforma por parte del gobierno, porque al parecer esos conceptos abstractos del “interés general” y el “bien común” se tornan demasiado confusos y poco prácticos como para guiar en estas situaciones a la actual administración.
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